El Consejo Europeo y el Parlamento Europeo están intensificando las negociaciones sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034, mientras que los Estados miembros siguen divididos en cuanto al volumen del presupuesto y las prioridades de gasto. Existe incertidumbre sobre cómo se configurará el Fondo Social Europeo.
Las negociaciones sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) para el período 2028-2034 han llegado a una etapa decisiva. Tras los debates iniciales entre las jefaturas de Estado y de Gobierno, las instituciones europeas tratan de establecer un marco de negociación que permita avanzar hacia un acuerdo antes de que finalice el año.
En esta fase, el debate ya no se limita al volumen total del presupuesto de la UE. Más bien, refleja dos visiones contrapuestas sobre las prioridades de la Unión: mantener el peso de las políticas tradicionales (como la política de cohesión y la Política Agrícola Común (PAC)) o destinar una parte cada vez mayor de los recursos a la defensa, la seguridad, la innovación tecnológica y la competitividad industrial.
Posición del Consejo Europeo
Durante la reunión informal celebrada los días 23 y 24 de abril, los Estados miembros coincidieron en la necesidad de dotar a la Unión de recursos suficientes para abordar sus nuevas prioridades estratégicas. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, subrayó que los nuevos recursos propios desempeñarán un papel importante en la financiación del futuro presupuesto, en consonancia con la propuesta de la Comisión Europea presentada en julio de 2025. Al mismo tiempo, se mostró abierto a examinar y evaluar las propuestas alternativas presentadas por el Parlamento Europeo en abril.
La reunión del Consejo Europeo de los días 18 y 19 de junio marcó un punto de inflexión en las negociaciones. Durante la reunión, se presentó un primer «marco de negociación», que proponía una reducción del 2% en comparación con la propuesta inicial de la Comisión Europea. La iniciativa provocó una reacción inmediata por parte del Parlamento Europeo, que rechazó firmemente la propuesta alegando que era incompatible con la posición del Parlamento, que pedía un aumento del 10% del presupuesto. El Parlamento también reiteró la necesidad de avanzar en la introducción de nuevos recursos propios para financiar las crecientes ambiciones de la Unión.
División entre los Estados miembros
Las negociaciones han puesto de relieve una vez más la tradicional división entre los Estados miembros en lo que respecta tanto al volumen como a la orientación del presupuesto de la UE.
Por un lado, el grupo conocido como los «Amigos de la Cohesión», que incluye a España, Italia, Portugal, Polonia, Grecia y Rumanía, aboga por mantener (e incluso reforzar) la financiación de la política de cohesión, la Política Agrícola Común (PAC) y la Política Pesquera Común. Estos países sostienen que las políticas tradicionales siguen siendo esenciales para garantizar la convergencia económica y territorial en toda la Unión.
En el lado opuesto se encuentran los denominados países «frugales» (Alemania, Suecia, Dinamarca y Austria), que abogan por un presupuesto más moderado centrado en la competitividad, la seguridad y la defensa. También se oponen a la creación de nuevos recursos propios de la UE y sostienen que el fortalecimiento del mercado único debe basarse principalmente en reformas normativas, más que en un aumento permanente del gasto público.
Otra cuestión clave objeto de debate se refiere a la posible integración de la Política de Cohesión y la Política Agrícola Común en un único paquete financiero. España, Alemania, Francia, Italia y Polonia se han opuesto claramente a esta opción, mientras que los Países Bajos, Suecia y Finlandia apoyan una reestructuración del modelo presupuestario actual.
Posición del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo apoya en líneas generales el aumento del nivel de financiación de la UE.
La Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) sostiene que la propuesta de la Comisión Europea es insuficiente tanto para atender las necesidades de las regiones ultraperiféricas como para financiar adecuadamente nuevas prioridades como la competitividad, la seguridad y la defensa. La propuesta del grupo incluye aumentar la financiación destinada a la política de cohesión, la agricultura, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Competitividad.
El Partido Popular Europeo (PPE) también apoya el refuerzo de las nuevas prioridades estratégicas de la Unión, pero subraya que esto no debe hacerse a expensas de las políticas tradicionales. En opinión del PPE, la cohesión y la competitividad son objetivos complementarios, y ambos merecen un apoyo financiero adecuado.
Nuevos recursos propios y oposición a los Planes Nacionales de Recuperación y Asociación (PNRA): los principales ámbitos de consenso
Una de las cuestiones que goza de mayor consenso en el Parlamento Europeo es la necesidad de establecer nuevas fuentes de ingresos para el presupuesto de la UE. Las propuestas incluyen ingresos procedentes del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), el Mecanismo de Ajuste en Frontera por las Emisiones de Carbono (CBAM), un futuro impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas, nuevas formas de fiscalidad digital dirigidas a las empresas tecnológicas multinacionales y el aumento de los ingresos aduaneros. La fiscalidad de las principales plataformas digitales sigue siendo uno de los temas más polémicos entre varios Estados miembros.
Otro punto de amplio acuerdo en el Parlamento es su firme oposición a la propuesta de establecer 27 planes nacionales independientes para la gestión del MFP. El Parlamento también apoya la asignación de un presupuesto específico de 124.000 millones de euros al Fondo Social Europeo, en consonancia con su Informe provisional sobre la propuesta de marco financiero plurianual para 2028-2034, aprobado en abril.
Sobre el futuro del FSE
El Parlamento Europeo está trabajando actualmente en una propuesta de reglamento para el Fondo Social Europeo (FSE) en respuesta a la presentada por la Comisión Europea en julio de 2025. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL), encargada de redactar esta propuesta, ha dejado claro su compromiso de garantizar que el Marco Financiero Plurianual de la UE para el período 2028-2034 asegure que el Fondo Social Europeo siga siendo un programa independiente, con su propio presupuesto y financiación suficiente para cumplir sus objetivos declarados. Los ponentes consideran que las medidas del FSE deben diseñarse de acuerdo con objetivos generales y específicos para orientar mejor las inversiones hacia los ámbitos prioritarios, y que el Reglamento del FSE es el instrumento más adecuado para abordar estos ámbitos y construir el modelo social europeo prestando atención a los grupos más vulnerables.
Esta misma posición se refleja en las enmiendas presentadas al texto por diversos grupos parlamentarios, que hacen hincapié en la defensa del FSE como herramienta fundamental para defender los objetivos sociales de la Unión.
Próximos pasos
La presión política sobre las negociaciones sigue aumentando a medida que el tiempo se convierte en un factor cada vez más importante: si las instituciones no logran alcanzar un acuerdo antes de finales de 2026, las elecciones previstas en Francia, España, Italia y Polonia a lo largo de 2027 podrían retrasar significativamente o incluso paralizar las negociaciones. El Parlamento Europeo ha advertido de que tales retrasos podrían poner en peligro la entrada en vigor del nuevo presupuesto el 1 de enero de 2028, con consecuencias significativas para los programas de la UE, los fondos estructurales y la financiación de proyectos en todos los Estados miembros.
Iniciativas de la sociedad civil
En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil organizada han puesto en marcha varias iniciativas destinadas a salvaguardar los objetivos sociales del próximo presupuesto de la UE, en particular defendiendo un reglamento sólido del FSE.
La coalición EUFunds4Social ha publicado una declaración conjunta titulada Aprovechar lo que funciona: un presupuesto de la UE que responda a las necesidades de las personas y las regiones, respaldada por un total de 356 organizaciones, entre las que se incluyen 68 redes europeas y 288 organizaciones nacionales. La declaración sostiene que un presupuesto social sólido es esencial para garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible en toda Europa. Asimismo, subraya que el mantenimiento de instrumentos específicos y adecuadamente financiados permitirá a la UE responder de forma más eficaz a los retos sociales actuales y futuros, al tiempo que preserva su papel como modelo de economía social de mercado centrada en el bienestar de las personas.
Por su parte, Civil Society Europe ha publicado una Carta abierta a los líderes europeos: ¡Elaboren un presupuesto a la altura del reto! Los firmantes reclaman un debate más amplio sobre cómo se financia el presupuesto de la UE, abogando por el desarrollo de nuevos y auténticos recursos propios. Sostienen que esto llevaría el debate más allá de su enfoque actual en las contribuciones nacionales y los saldos netos. Según los firmantes, para que la UE se mantenga fiel a sus objetivos y valores, necesita un presupuesto más sólido respaldado por fuentes de ingresos sostenibles y diversificadas.
La Red EURoma también ha publicado su propio documento de posición en el que analiza la propuesta de la Comisión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, en el que advierte de que unos cambios fundamentales en la arquitectura presupuestaria de la UE podrían debilitar gravemente las inversiones en la igualdad y la inclusión social de la población gitana, y propone garantizar un reglamento sólido del FSE que mantenga la asignación actual del 25% para la inclusión social de los grupos vulnerables, así como objetivos específicos para los grupos más marginados, como la población gitana.
