El Plan de Acción establece tres objetivos enfocándose en la reducción del desempleo, el aumento de la participación en formaciones para un nuevo modelo productivo y la reducción del riesgo de pobreza y exclusión social para 2030.

La Comisión Europea lanza sus recomendaciones y compromisos de cara a la Cumbre Social de Oporto que se celebrará en Mayo de 2021, urgiendo a los Estados miembro a maximizar los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF) y los Fondos Europeos de Cohesión (FEC) no sólo para abordar la crisis post COVID sino también para diseñar medidas a medio y largo plazo para potenciar el empleo y el fortalecimiento de capacidades para una economía en transición.

 

El Plan de Acción para el Pilar de Derechos Sociales de la Unión Europea,ha sido presentado por la Comisión Europea el pasado 4 de marzo y establece tres objetivos para 2030: 

  • Al menos un 78% de la población entre 20 y 64 años deberá tener un empleo para 2030 
  • Al menos el 60% de las personas adultas deberán participar en formaciones cada año 
  • La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social se deberá reducir en al menos 15 millones de personas para 2030, lo que supone una rebaja del compromiso inicial que se fijaba en 20 millones de personas.  

La Comisión Europea ha justificado estos indicadores como medidas “ambiciosas pero realistas” considerando la coyuntura post COVID. Para financiar estas medidas, la Comisión destaca el uso de los Fondos Europeos de Cohesión, como el Fondo Social Europeo+, como principal instrumento de financiación del Pilar de derechos sociales, complementado con los Fondos extraordinarios del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuyos planes, supervisados por la Comisión deben adoptar medidas para cumplir los objetivos del Plan de Acción. 

Las Recomendaciones Específicas por País, especialmente las dirigidas a empleo, juventud, pobreza infantil e inclusión social continúan siendo esenciales para los Estados miembro y la Comisión les dará seguimiento durante las evaluaciones de los Planes de Recuperación y Resiliencia y la programación de los Fondos Europeos de Cohesión.

El Plan de Acción apuesta por tanto en la creación de empleo, dentro de la transición hacia un modelo productivo de economía verde y apostando por la digitalización; la formación y reciclaje de personas trabajadoras y la reducción de la pobreza y exclusión social.  

A medio y largo plazo el Plan de Acción prevé fomentar una economía competitiva dentro de la Unión Europea, a través del compromiso de los Estados Miembros en medidas concretas centradas en:  

  • reducir el desempleo juvenil, actualmente en una tasa del 17,8% según últimos datos de diciembre de 2020, a través de formación e itinerarios de empleo 
  • fomentar los estudios superiores y prevenir el abandono escolar 
  • reducir la brecha de género 
  • aumentar las medidas de conciliación y cuidados aumentando la educación infantil 
  • reducir la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan 
  • fomentar la no discriminación en el acceso al empleo para colectivos vulnerables, mencionando expresamente a la población gitana 
  • reducir la pobreza infantil a través del desarrollo de la Garantía Infantil 
  • aumentar el diálogo social con la participación de actores sociales y empresas  
  • destinar fondos tanto del Mecanismo de Recuperación y resiliencia como los Fondos Europeos de Cohesión (FSE+ y FEDER principalmente) para cumplir las recomendaciones del Plan de acción, cumpliendo la recomendación de destinar un 25% del ESF+ a medidas de reducción de la pobreza y al menos un 12,5% a reducir la tasa de jóvenes que no están estudiando ni trabajando (NEETs).  

 

Para el seguimiento de estas medidas, se han introducido nuevos indicadores en el Social Scoreboard para medir el progreso de los Estados miembro, incluyendo por ejemplo un indicador sobre la participación en talleres de formación, la tasa de riesgo de pobreza infantil, antes no evaluada, o el peso del coste de la vivienda en la economía del hogar. Como indicadores secundarios se medirá además el porcentaje del PIB destinado a gasto social (salud, protección social, educación y cuidados de larga duración), cobertura de prestaciones de desempleo o tasas de educación infantil.  

El Plan de Acción debe reforzar el compromiso de los Estados Miembro con la inclusión social y la equidad a través de una financiación adecuada y una programación a medio y largo plazo.

Para más información:

Nota de prensa de la Comisión Europea 

 

 

 

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