El 16 de julio de 2025, la Comisión Europea (CE) publicó una comunicación sobre el marco financiero plurianual (MFP) para el período 2028 a 2034. Un par de meses antes (el 7 de mayo) el Parlamento Europeo (PE) adoptó su posición para el MFP subrayando el creciente número de crisis que los limitados recursos de la UE tienen que afrontar. Por ello, el día que la Comisión presentó su propuesta, el Parlamento criticó el presupuesto propuesto por su falta de ambición ya que el tamaño del mismo (medido en la RNB de la UE a precios de 2025) es prácticamente el mismo que el actual, una vez deducido el reembolso del Next Generation EU.
Pero, además, los puntos de desavenencias entre ambos organismos no se han limitado a la diferencia entre la cantidad total propuesta por la CE y la demandada por el PE. Uno de puntos de reproche a la CE ha sido la distribución de las partidas y la asignación a las inversiones sociales. Tal y como se presenta la estructura del próximo MFP, las inversiones en políticas sociales supondrían una cantidad que apenas superaría los 110 000 millones del total.
La propuesta de la Comisión propone, además, aplicar el presupuesto asignado a las políticas sociales a través de los nuevos Planes de Asociación Nacional y Regional (PANR), destinando el 14 % del total de cada Plan nacional a medidas que apoyen la educación, el empleo y los objetivos sociales, dejando a los Estados miembros flexibilidad absoluta en cuanto a la distribución exacta de los fondos dentro de su propio Plan.
En octubre del 2025, cuatro importantes grupos políticos del Parlamento Europeo enviaron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exigiendo mejoras en la propuesta sobre los PANR. En particular, solicitaron, entre otras cosas, que se garantizara la dimensión europea de la Política Agrícola Común (PAC) y la política de cohesión y que se asignara un presupuesto específico a cada una de ellas.
Como es evidente, ambas posturas reflejan una visión completamente distinta, no solo sobre la arquitectura presupuestaria, sino que afecta directamente al modelo social europeo, a su capacidad de cohesión y a la protección de personas vulnerables, como por ejemplo las personas gitanas, en un contexto marcado por la volatilidad económica, la transición tecnológica y las actuales presiones geopolíticas.
La divergencia entre Parlamento y Comisión se sitúa, por tanto, en el volumen de inversión social y en el gobierno de esa inversión. La Comisión apuesta por la integración, convencida de que la cohesión social depende de la capacidad de ejecutar políticas de forma más estratégica, rápida y alineada entre sectores. Por su parte el Parlamento insiste en que la cohesión social requiere gobernanza multinivel, control democrático y fondos socialmente etiquetados para garantizar continuidad y equidad territorial.
Ambas posturas reconocen la urgencia social del momento, pero discrepan en el mecanismo institucional adecuado para asegurar los resultados.
Comisión Europea:
La postura defendida por la Comisión se enmarca en la necesidad de flexibilizar el MFP para poder ofrecer respuestas ágiles a los nuevo retos políticos y sociales que han sobrecargado el presupuesto europeo (además de la inflación consecuencia de la guerra en ucrania):
- La arquitectura del presupuesto europeo es muy compleja, con 52 programas e instrumentos que a menudo financian actividades similares.
- Es necesario reducir la carga administrativa, incluyendo los complejos y diversos requisitos de presentación de informes.
- Existe un déficit en la financiación de la UE para la competitividad, en particular para las tecnologías innovadoras, tal y como se destacaba en el informe Draghi.
- El lento inicio de la ejecución, en el actual período de financiación, también ha dado lugar a un elevado nivel de compromisos pendientes.
Parlamento Europeo:
El Parlamento Europeo avisa de un riesgo de debilitamiento de las políticas sociales al integrarse múltiples líneas (cohesión, inclusión, empleo, migración, lucha contra la pobreza) en un único Plan nacional, lo que conllevaría:
- Una pérdida de especificidad de los programas orientados a la inclusión social.
- Menor visibilidad y trazabilidad de los fondos destinados a colectivos vulnerables.
- Una evidente disminución del control democrático y de la participación de autoridades locales, actores sociales y las regiones.
- Fragmentación de derechos, o servicios, dependiendo de la prioridad que establezca cada Estado miembro en su Plan Nacional.
- Un debilitamiento indirecto del Pilar Europeo de Derechos Sociales, al quedar sus objetivos absorbidos por un instrumento más amplio.
Estas diferencias en las visiones del Parlamento y de la Comisión evidencian que el próximo MFP no es simplemente un ejercicio de programación financiera: es la decisión estructural que definirá la capacidad de la Unión para sostener su proyecto social durante la próxima década.
2026 será un año clave para la toma de decisiones respecto al futuro MFF. El 18 de mayo 2026 el Parlamento Europeo aprobará su posición oficial sobre el próximo MFF, que servirá de documento base para las negociaciones a desarrollar con la Comisión durante los próximos meses. En su postura, el PE demanda una política de cohesión con recursos separados y rechazan de plano su dilución en los Planes Nacionales. Así mismo, exige un nivel de recursos superior al que se ha presentado, que suponga el 1.2% del PIB total sin contabilizar el pago de los intereses de los fondos Next Generation, y en el que la Política de Cohesión suponga al menos un tercio del MMF. Denuncia que con el mismo dinero no se pueden abarcar las inversiones en los nuevos objetivos estratégicos (defensa o vivienda).
Las negociaciones continuarán con la adopción por parte del Consejo de la UE, en el mes de junio, de un marco de negociación que incorporará cifras concretas. Se espera que el acuerdo se cierre a finales de año con las Conclusiones del Consejo y el informe provisional de Parlamento y Comisión.
Valoración EURoma
Desde la Red EURoma asistimos con preocupación al diseño de este marco presupuestario entendiendo que propuesta actual de la Comisión diluye el modelo de igualdad e inclusión social ya que el FSE+ deja de tener entidad propia. Existe, además, un riesgo evidente de perder los avances logrados para la población gitana en los periodos de programación previos donde la consideración de las inversiones para población gitana ha ido creciendo en relevancia en los últimos reglamentos.
Creemos que el próximo Marco Financiero Plurianual debe fortalecer el modelo social europeo, sustentado en la solidaridad, la igualdad y la justicia social. Y para ello será clave garantizar que la propuesta sea coherente con el Pilar Europeo de Derechos Sociales y con el Marco Estratégico de la UE para la población gitana, de modo que los compromisos se traduzcan en resultados tangibles y medibles.
